Jurisdicción y competencia para la declaración del concurso

Autor:José Luis Diaz Echegaray
 
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La jurisdicción y la competencia para la declaración del concurso hacen referencia, respectivamente, al conjunto de órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales) a los que la acción se debe dirigir, y al conjunto de reglas de competencia que determinan qué órgano jurisdiccional debe conocer del asunto.

Contenido
  • 1 Juez del concurso
  • 2 Competencia objetiva
  • 3 Competencia judicial internacional
    • 3.1 Reglamento (CE) 1346/2000, de 29 de mayo del Consejo, de Procedimientos de Insolvencia (RPI)
    • 3.2 La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Concursal (LC)
  • 4 Competencia territorial
  • 5 Cuestiones de competencia
  • 6 Notas
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
    • 8.1 En formularios
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Juez del concurso

Señala la EM (IV) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) que:

La ley configura al juez como órgano rector del procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que le correspondían en el derecho anterior y la discrecionalidad con que puede ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones

La función que desempeña es compleja, en ocasiones de naturaleza estrictamente jurisdiccional, como cuando se pronuncia sobre la solicitud del concurso o lo califica o adopta decisiones que afectan a la persona o los bienes del concursado, y en otras de carácter administrativo, como cuando concede a los administradores autorización para delegar sus funciones en auxiliares o para la realización de determinados gastos.

Competencia objetiva

Los arts. 8, LC y art. 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) , adicionado por el art. 2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LORC) , atribuyen la competencia objetiva para conocer del concurso a los jueces de lo mercantil, órganos especializados de nueva creación que entraron en funcionamiento el 1 de septiembre de 2004 conforme a la Disposición Final Segunda, LORC .

Introdujo en nuestro ordenamiento este nuevo tipo de juzgados el art. 86, LOPJ , también añadido por el art. 2, LORC , el cual establece que:

Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil.También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma.

La creación de estos nuevos juzgados especializados, de acuerdo con lo que señala la EM (II), LORC , responde a un doble propósito:

  • Por una parte, dar respuesta a la necesidad que plantea la LC , que atribuye al juez del concurso el conocimiento de materias pertenecientes a distintas disciplinas jurídicas y que, hasta su promulgación, estaban asignadas a diferentes órdenes jurisdiccionales, lo que exige del titular del órgano jurisdiccional y del personal al servicio del mismo una preparación especializada;
  • Y de otro lado, la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo y su repercusión en las diferentes ramas del ordenamiento que aconseja avanzar decididamente en el proceso de la especialización. Idénticos motivos justifican que el art. 82.2.2, LOPJ prevea la especialización de una o varias Secciones de la Audiencia Provincial para atender a los recursos que en esta materia se planteen.

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Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su ley reguladora. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

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Más recientemente, el ATS, Sala de lo Civil, de 14 mayo 2012, rec. 178/2011 [j 3] afirmó que el art. 8.1°, Ley 22/2003 , que constituye un correlato del art. 86 ter. l.l° de la Ley orgánica 6/1985 , atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de:

“las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores”.

Pero este precepto hay que ponerlo en relación con los arts. 50 y siguientes de la Ley 22/2003 , que dentro del título III relativo a “los efectos de la declaración de concurso ”, regulan los efectos sobre las acciones individuales , y, en concreto, las reclamaciones de contenido patrimonial frente al concursado. En este caso, el art. 8.1°, Ley 22/2003 debe integrarse con el art. 50.1, Ley 22/2003 , según el cual,

“los jueces del orden civil (...) ante quienes se interponga una demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer...”.

En principio, y salvo que la ley especifique otra cosa, la referencia que el art. 133.2, Ley 22/2003 hace a que:

“desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio”,

alcanza a los efectos de la declaración del concurso regulados en el título III, entre los que se encuentra el previsto en el art. 50, Ley 22/2003 .

Por consiguiente, como en este caso la demanda dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la aprobación del convenio, no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente prevista en el art. 8, Ley 22/2003 a favor del juez del concurso. En este sentido se ha pronunciado la STSJ de Castilla y León, Sala Social, de 19 de octubre de 2016 [j 4].

Todo ello sin perjuicio de que el crédito que pudiera reconocerse en una hipotética sentencia estimatoria, de ser anterior a la declaración de concurso , quedará afectado por éste, y, en concreto, por la extensión de los efectos del convenio prevista en el art. 143.1, Ley 22/2003 .

De otra parte, el ATS de 4 de septiembre de 2012, rec. 1421/2009 [j 5] se ocupa en su Fundamento Jurídico PRIMERO de la competencia funcional de la Sala para la tramitación de la jura de cuenta, estableciendo la siguiente doctrina:

A) La norma de competencia funcional para la tramitación de la jura de cuenta que establece el art. 34, LEC no se ve alterada por las competencias que la LC otorga al juez del concurso, por las siguientes:

1. La jura de cuenta es un procedimiento especial pero no por razones de interés público –como lo son los procesos especiales del libro IV de la LEC–, sino porque va dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la actuación profesional desarrollada –en este caso– por el procurador que ha representado a un litigante en un juicio precedente, de manera que –aunque es posible una fase sumaria de alegaciones– lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho de ejecución, según se deriva del art. 34, LEC , sin prejuzgar la decisión definitiva de la controversia que pueda suscitarse entre el procurador y su poderdante sobre la relación contractual existente entre ambos.

2. En la solicitud que abre el procedimiento, de jura de cuenta, en puridad, no se ejercita una acción declarativa o de condena, ni una acción cautelar, ni ejecutiva –aunque, después, el procedimiento pueda concluir con una resolución...

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