Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos con las administraciones públicas

Autor:Nuria A. Orellana Cano
Cargo del Autor:Magistrada
 
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Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos con las Administraciones públicas se regulan en los arts. 190 y 191 TRLC , que distinguen, respectivamente, entre contratos de carácter administrativo y contratos de carácter privado.

Se corresponde con el art. 67 LC 2003 . Concordancias TRLC art. 222.2 y arts. 579 a 581 .

Concordancias en legislación administrativa: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 , arts. 12 , 25 , 26 , 27.2 , 69.9.c) , 71.1.c) , 211.1.b) , 212 .5 y 214.2.b) .

Contenido
  • 1 Distinción entre contratos administrativos y de carácter privado
    • 1.1 Contratos de carácter administrativo
    • 1.2 Contratos de carácter privado
  • 2 Jurisprudencia aplicable
    • 2.1 Cesión de un crédito de una sociedad deportiva a la AEAT no es un contrato administrativo
    • 2.2 Contratos administrativos se prepararán, se adjudicarán y sus efectos y su extinción se determinarán por lo establecido en la legislación administrativa, careciendo de jurisdicción el juez del concurso
    • 2.3 No es competente el juez del concurso para la resolución y declaración de sus efectos del contrato de ejecución de obra
    • 2.4 Sobre los efectos de la apertura de la liquidación en contratos administrativos y las competencias del juez del concurso para conocer de cuestiones administrativas con carácter prejudicial en concurso de concesionarias de autopistas
    • 2.5 Delimitación de la competencia del juez del concurso respecto de contratos con Administraciones Públicas
    • 2.6 Revocación de la licencia es un acto administrativo, no una ejecución singular, por lo que el juez del concurso no es competente
  • 3 Ver también
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En dosieres legislativos
  • 5 Legislación básica
  • 6 Legislación citada
  • 7 Jurisprudencia citada
Distinción entre contratos administrativos y de carácter privado

Los artículos 190 y 191 TRLC vienen a reproducir de forma casi literal el contenido de los apartados 1 y 2 del art. 67 LC 2003 , respectivamente, acogiendo, en cuanto a los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos celebrados por el concursado con las Administraciones públicas, la distinción ya acogida en los dos apartados del art. 67 LC 2003 , entre contratos administrativos y contratos privados, a efectos de la aplicación, en el primero de los casos, de la legislación administrativa, y en el segundo, de la legislación concursal. Las tres diferencias en la redacción, además de la intrascendente sustitución de la palabra "deudor" por "concursado", se encuentran en el art. 191 TRLC , al referirse a los contratos de carácter privado, en primer lugar, porque en la anterior redacción sólo se hacía referencia a los celebrados por el deudor con las Administración Publicas, mientras que en el nuevo art. 191 TRLC , se hace referencia a "los contratos de carácter privado celebrados por el concursado con las Administraciones públicas y otras entidades del sector público", en tanto en el art. 190 TRLC se sigue manuteniendo la expresión contratos "celebrados por el concursado con Administraciones públicas" ya que el mismo va referido a contratos de carácter administrativo, mientras que el art. 191 TRLC se ciñe a contratos de carácter privado. Igualmente, en segundo lugar, el art. 191 TRLC también añade a la redacción de su precedente art. 67.2 LC 2003 , una salvedad en su primer inciso a la aplicación de la legislación concursal, al señalar que ello será así, "(e)n defecto de legislación específica".

Y en tercer lugar, la aplicación de la Ley Concursal a los contratos de carácter privado se limitaba en el art. 67.2 a los efectos y extinción, limitación que no figura en el art. 191 TRLC .

Contratos de carácter administrativo

En los supuestos del art. 190 TRLC , esto es, contratos de carácter administrativo, habremos de tener en cuenta la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP ).

En cuanto a la calificación del contrato, el art 12 LCSP señala:

"Artículo 12. Calificación de los contratos.

1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.

2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación."

La distinción entre contratos administrativos y privados es acogida en el art. 24 LCSP , que regula el régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público, señalando que los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado.

Y el art. 25 LCSP , referido a los contratos administrativos establece:

"1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública:

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos:

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.

2.º Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

b) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas."

El art. 71.1.c) LCSP establece la prohibición para contratar con el sector público por haber "solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos , estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso ".

En el art. 211.b) de la LCSP se prevé como causa de resolución del contrato, la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

Y el art. 212.5 LCSP , relativo a la aplicación de las causas de resolución (aplicable a la resolución de los contratos de concesión de obra pública, dada la remisión del art. 279 LCSP ), preceptúa:

"5. En caso de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución.

En todo caso se entenderá que son garantías suficientes:

a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108 .

b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 108.1, letra a) , y que quedará constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista."

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, conforme al art. 222 TRLC , en caso de transmisión de una o varias unidades productivas, el adquirente quedará subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial que se desarrolle en la unidad o unidades productivas objeto de transmisión, sin necesidad de consentimiento de la otra parte ( art. 222.1 TRLC ). Por excepción, la cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo establecido en la legislación sobre contratos del sector público ( art. 222.2 TRLC ), esto es, la citada Ley 9/2017 , que regula la cesión de los contratos en el art. 214 LCSP , cuyo apartado 2 establece:

"2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se...

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